POR Jorge Octavio González
Ya murió una mujer por no ser sometida a una cirugía en el Instituto Estatal de Cancerología, todo porque no sirven los aires acondicionados; ahora se dio a conocer que murió una niña por no recibir sus respectivas hemodiálisis en el Hospital Regional Universitario y ser puesta en lista de espera en el Centro Estatal de Hemodiálisis.
Si estas muertes no le duelen a la gobernadora Indira Vizcaíno ni a su secretaria de Salud, es problema de ellas y su indolencia y tener almas podridas; a los demás sí nos preocupa y nos duele porque el día de mañana alguien de nuestra familia puede ser víctima de la negligencia de estos malnacidos servidores públicos que llegaron al gobierno del Estado a enriquecerse con el dinero del pueblo y a tener contubernios con los grupos de la delincuencia organizada.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, a través de Roberto Ramírez, informó que ya se les había emitido medidas cautelares a esos dos centros de salud por falta de atención a pacientes; recordó que la medida cautelar se había dado antes de que la menor falleciera.
Una niña con ilusiones de vivir y jugar como sus demás compañeritos dejó de recibir su tratamiento en el Hospital Regional Universitario, pero en lugar de canalizarla al Centro Estatal de Hemodiálisis de emergencia, donde la sinvergüenza gobernadora aseguró que todos los pacientes recibirían atención gratuita, la pusieron en lista de espera.
La lista de espera fue, para ella, la condena a muerte. Ese será el legado de Indira Vizcaíno y su servil secretaria de Salud: muerte a todos lados que volteen. Muerte de niños con cáncer, muerte de niños con problemas renales, muerte de pacientes por falta de medicamentos, muerte de mujeres con cáncer porque no invierten en arreglar los aires acondicionados, pero sí para pagar millones de pesos a grupos que le recuerdan a Indira el alcoholismo y violencia intrafamiliar que vivió durante su infancia.
La Comisión de Derechos Humanos debe hacer más que sólo emitir medidas cautelares; si está en sus posibilidades, debería hacer un acompañamiento a las víctimas para interponer denuncias penales que sí tengan consecuencias para los servidores públicos negligentes.
Si a un médico sólo le llega un regaño de la CEDH por la muerte de un paciente, toma el papel, lo lee, se ríe y lo tira a la basura en ese instante; sin embargo, si por su negligencia le quitan su cédula profesional y paga con cárcel, se la va a pensar dos veces antes de dejar morir a sus pacientes alegando que no tienen los espacios ni los medicamentos a la mano.
Es increíble, por decir criminal, que las autoridades no hayan hecho todo lo que esté a su alcance para proporcionarle el tratamiento de hemodiálisis a una niña, como no lo hicieron con la mujer con cáncer que no pudo ser intervenida porque no sirven los aires acondicionados.
Indira Vizcaíno Silva pasará a la historia por ser, además de la mandataria más corrupta y cínica de que se tenga memoria, como la gobernadora que más muertes tuvo por negligencia en todos los centros de salud bajo su responsabilidad, como el Hospital Regional Universitario, el Instituto Estatal de Cancerología o el Centro Estatal de Hemodiálisis.
Lamentablemente no revivirán las mujeres y niños que partieron de este mundo por la política criminal de Indira Vizcaíno, pero sí pueden ser sometidas a la ley por parte de sus familiares.
Ojalá la Comisión de Derechos Humanos de Colima haga el acompañamiento a los familiares para que puedan integrar un expediente robusto y sustentado para castigar a todos los responsables de las muertes de sus seres queridos.
Y si necesitan que sus casos se visibilicen, este medio está a su entera disposición para que se hagan escuchar.