POR Jorge Octavio González
La comunidad académica de la Universidad de Colima está tan bien informada que están al tanto de los nexos de Indira Vizcaíno y su mini fiscal con la delincuencia organizada; están de acuerdo en que el rector Christian Torres Ortiz Zermeño está al servicio del gobierno del Estado y MORENA y comentan que de nada les sirve tener un líder sindical acomodaticio y corrupto como Luis Enrique Zamorano.
Información proporcionada a PXPress, cuya única condición para publicarse es que se maneje de manera anónima, revela el miedo que tienen maestras y maestros sobre el servilismo del rector ante la gobernadora y las acciones que tienen que tomar para tenerla contenta.
Señalan que, como nunca antes, ahora les exigen la declaración patrimonial a todos los trabajadores de la Universidad de Colima; comentan que, aun cuando han hablado del tema con la jefa de Recursos Humanos del IUBA, una tal Priscila, y el líder sindical del SUTUC, la respuesta que reciben es que, como son servidores públicos, tienen que hacerlo.
El problema, sin embargo, es el siguiente: los académicos dicen estar informados acerca de los vínculos criminales de la gobernadora, sobre todo con uno de los cárteles que protegen desde la Fiscalía General del Estado de Colima, y temen que la información que proporcionen en las declaraciones patrimoniales pueda llegar a manos de los grupos delincuenciales si no se alinean con el régimen.
Al margen de que llegue o no esa información a manos de sicarios y secuestradores, el hecho de que maestras y maestros de la Universidad de Colima piensen eso es sumamente grave; la cuestión es que no existe garantía alguna de parte de las autoridades de la comunidad universitaria para mantener en resguardo la información que den en sus declaraciones patrimoniales.
¿Por qué, si antes no se los pedían, ahora sí son obligatorias las declaraciones patrimoniales para los trabajadores de la Universidad de Colima? Son servidores públicos, ciertamente, pero existe una cláusula de autonomía que los exime de ciertas obligaciones, como proporcionar a instancias externas a la U de C toda la información patrimonial (casas, autos, cuentas bancarias, terrenos, joyas, etcétera) de los trabajadores de la institución educativa.
Si el rector Christian Torres Ortiz Zermeño quiere quedar bien con la gobernadora para que lo haga candidato de MORENA a la alcaldía de Colima si su Plan A fracasa (Viri Valencia), al rato va a consultarle a Indira Vizcaíno que también se elimine la posibilidad de pensionarse en el IMSS y sólo sea a través del FOSAP.
En el gobierno del Estado, desde la pasada administración, se eliminó la cotización al IMSS para que el trabajador sólo se pueda pensionar a través de IPECOL y ya no tener doble pensión; cuando se discutía el tema en aquellos años, en la Universidad de Colima algunos catedráticos se pusieron nerviosos (en especial los que tienen sobrinos en demasía que mantener y hoy manejan un medio para recibir contratos del gobierno del Estado por sus servicios prestados) por la posibilidad de que también a ellos les aplicaran la misma y sólo pudieran pensionarse en un solo lugar.
Pero Torres Ortiz Zermeño, tan necesitado de atención y aprobación de la gobernadora, es seguro que le plantee dicha reforma para golpear a la clase trabajadora que, se ha visto en el gobierno del Estado, no le importa en lo absoluto.
Lo grave, en todo caso, es que la comunidad universitaria tenga una percepción negativa de sus autoridades y crean capaces de filtrar su declaración patrimonial a la delincuencia organizada para ser objeto de extorsiones y secuestros.
Si los propios trabajadores temen que su rector les haga eso, y si la gobernadora es ahora la jefa política de la cabeza de la Universidad de Colima, ¿quién podrá ayudarlos para que su información no llegue a manos de los criminales?