NO VA A SER NECESARIO que se apruebe la reglamentación de la revocación de mandato este sexenio para ver fuera del gobierno del Estado a Indira Vizcaíno Silva. Puede ser antes. Y lo peor: más humillante. Resulta que, en aras de seguirle el juego a Claudia Sheinbaum en su aventura por ser la candidata de MORENA a la presidencia de la República, la mandataria estatal ha dado su autorización para firmar cuanto desplegado le han puesto enfrente para respaldar las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya sea repudiando el comunicado del Parlamento Europeo sobre la violencia en México, ya sea para felicitar a López Obrador por su proyecto de transformación y decirle que no está solo y un largo etcétera. Pues bien. El pasado 23 de marzo, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano interpuso una queja en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como de gobernadoras y gobernadores de la 4T, incluyendo Indira Vizcaíno, por diversas violaciones a las leyes electorales. La Sala Regional del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación determinó que SÍ violaron la ley electoral al haber publicado un desplegado en plena veda electoral por la revocación de mandato, además de instruir que a todos los gobernadores se les inscriba en un catálogo de sujetos sancionados, por lo que quedarán fichados como infractores de la Constitución. Indira Vizcaíno, molesta por la resolución, acudió a la Sala Superior del citado TEPJF, alegando que con el desplegado no contrató propaganda ni se difundieron acciones de gobierno ni gastó recursos públicos. La Sala Superior desestimó todos los alegatos de la gobernadora de Colima, confirmando la sentencia de la Sala Regional, y le hizo un agregado: si en lo sucesivo estos mandatarios vuelven a violar la Constitución, podrían perder la condición de contar con un modo honesto de vivir, lo que tendría como consecuencia que serían inelegibles para contender por otro cargo de elección popular. Salvo Claudia Sheinbuam, que quiere ser presidenta de México, no hay otro gobernador que desee contender por algún otro cargo de elección popular, por lo que la medida los tiene sin cuidado. Ya confirmada la sentencia por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se le dio vista al Congreso del Estado para que actúen en consecuencia. En la Comisión de Responsabilidades está el dictamen desde hace más de tres semanas, pero es hora que no ha sido tocado en el pleno, pues su presidente, Armado Reyna Magaña, es un incondicional de la gobernadora del Estado, así como lo fue Viridiana Valencia Vargas. Según lo analizado por un abogado reconocido de la entidad, al ser reiterativa la violación a la Constitución por parte de la gobernadora de Colima, el Congreso del Estado tiene dos caminos por seguir: o ignorar la sentencia que ya se dio por parte del TEPJF o aplicar la ley y destituir e inhabilitar a Indira Vizcaíno. Si los diputados deciden desobedecer la sentencia del Tribunal Federal, ellos podrían ser los destituidos, al no acatar una resolución de una autoridad superior. Los legisladores no van a analizar si Indira Vizcaíno cometió o no una violación a la Constitución; eso ya quedó acreditado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que les corresponde es aplicar la sentencia: o la destituyen e inhabilitan o sencillamente desobedecen la ley, convirtiéndose ellos, ahora, en los delincuentes electorales. Indira Vizcaíno, al tener el control del Congreso del Estado, siempre estuvo segura que jamás harían nada en su contra; con lo que nunca contó fue con que tribunales autónomos y sin estar al servicio del gobierno de la República iban a abrir la puerta de la destitución a una gobernadora que, desde que asumió la responsabilidad de gobernar Colima, se desentendió de los problemas y prefirió seguir los pasos de Claudia Sheinbuam para ver si en una de esas se la hacía pertenecer al gabinete de la primera presidenta de México. No hay nada peor para un abogado que pasar a la historia como un infractor recurrente de la Constitución.
CUANDO ERA SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, Luis Echeverría tenía la costumbre de crear problemas para después resolverlos, con lo cual aparecía como un tipo eficiente que daba resultados. Esa política también la puso en práctica como presidente, donde la premisa era la siguiente: si quieres destacar, crea un conflicto donde no lo hay, resuélvelo y aparece como el salvador de la situación. El vejete que habita en Palacio Nacional, que en LEA tiene a su inspiración, también recurre a estas estrategias del echeverriato, a falta de no dar resultados en nada, pues el de amlo es un gobierno fallido. El problema se extiende a los estados donde Morena gobierna, es decir, también le tienen que entrar los gobernadores a la vieja práctica de crear un problema y, pasado un tiempo razonable, encontrarle la conveniente solución. Así, durante los tres años en los que Indira Vizcaíno Silva cobró como súper delegada de los programas federales, en la primera parte del sexenio del senil anciano de Macuspana, en Colima se desapareció alevosamente la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), puesta en servicio en el gobierno de Griselda Álvarez, donde la dependencia prestó sus valiosos servicios a los consumidores colimenses hasta la llegada de los corruptos cuatroteros que hoy desgobiernan. Un mal día, al arranque del gobierno del tabasqueño, Colima se quedó sin la Profeco. Comenzó primero en el puerto de Manzanillo con la subdelegación, cuyos habitantes tuvieron que trasladarse hasta la capital a arreglar sus problemas por algún mal servicio o producto de los comerciantes a sus clientes. Más tarde, la capital del estado también se quedó sin la Profeco, por lo que, con un trato como de pariente arrimado, los consumidores colimenses tuvieron que viajar hasta la zona metropolitana de Guadalajara, donde se encuentra la oficina que le corresponde a los consumidores de Colima. La desaparición de la Profeco fue una soberana mentada de madre para los colimenses que, como ciudadanos de tercera, tenían que ir a otro estado a tratar de arreglar sus problemas con los comerciantes locales, lo cual, en muchos de los casos, resultaba más caro para el afectado, incluso en el caso de ganar la partida. Si se perdía, pues peor. Todo eso, por supuesto, gracias a la criminal política de austeridad de un gobierno inútil, irresponsable e insensible como lo es el del vejete tabasqueño. Bueno, tras tres años de padecer por un problema que fue creado por los mismos cuatroteros ojetes, resulta que ahora ya contaremos de nuevo con una representación de la Profeco, gracias a la “salvadora” y “oportuna” intervención de la Gobernadora Altozano. Sí, en efecto, de la misma indolente que no movió uno solo de sus varios dedos que tiene distribuidos entre pies y manos cuando fue delegada federal y a la que no le preocupó ni tantito que Colima se quedara sin un organismo oficial que es fundamental en la protección de la economía de la población cuando se ve afectada por artículos, productos o servicios de mala calidad por los que se pagó de buena fe, esperando recibir lo justo. Así es: el miserable gobierno estatal fue a pedirle frías al federal por una dependencia que ya existía y que funcionaba correctamente desde la época neoliberal, después de tres años de profundo desprecio por los consumidores locales. Las malas mañas se aprenden a la perfección: los cuatroteros, incluido el indirato, lo saben. Ahora los de la pitera 4t podrán afirmar que, así como la primera gobernadora trajo la Profeco a Colima, la segunda gobernadora la volvió a traer, porque los mismos ineptos ya la habían quitado hace tres años por supuesta austeridad. Y, encima, ahora esperan que se lo agradezcan.
TODAVÍA NO HAN DIMENSIONADO el daño que le hicieron a la economía de miles de trabajadores los funcionarios del gobierno anterior, pero creen que ahora, ya acomodados en cargos de primero, segundo o tercer nivel, van a regresar por sus fueros en el 2024. Qué equivocados están.