POR Luis Fernando Moreno Mayoral
El despido del subdirector de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Colima y de su esposa confirma lo que hemos venido diciendo en estas páginas: el mini fiscal y los funcionarios de primer nivel que nombró a su llegada el primero de noviembre del 2021 tienen nexos con el crimen organizado.
Ya lo había detectado la Secretaría de la Defensa Nacional a través de los cables confidenciales que envían al presidente de la República y que fueron difundidos a la opinión pública por el colectivo de hacktivistas Guacamayas.
“No confiable”, fue la conclusión de los militares respecto al perfil del mini fiscal Bryant Alejandro García Ramírez; con él otros dos fiscales estuvieron en la misma categoría: Alejandro Echeverría y Jesús Figueroa Ortega, de Querétaro y Aguascalientes, respectivamente.
Sobre el de Colima, por ejemplo, dijeron que protegían desde la Fiscalía de Colima a uno de los cáeteles que opera y domina en la entidad; para mayores señas es la misma organización criminal que ordenó el asesinato de la gobernadora por haber incumplido los acuerdos que alcanzaron durante la campaña electoral del 2021 y que desencadenó la masacre en el CERESO colimense.
El despido de Ari Alberto Aceves Reynaga no fue tema para la Fiscalía de Colima hasta que un medio de comunicación reveló que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina Armada de México lo detuvieron en su lugar de trabajo por delincuencia organizada y secuestro.
De acuerdo a la investigación que conjuntamente llevaron la Fiscalía General de la República y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), se concluyó que el ex funcionario había colaborado con el grupo delincuencial que secuestró a la señora María del Carmen López.
El mini fiscal, torpe como siempre, ordenó la publicación de un mini comunicado en donde sólo dice que todo lo afirmado en la nota en cuestión era falso, aunque reconoció que sí despidió a Ari Aceves Renyaga y a su esposa porque “es una atribución del Fiscal General las bajas laborales de sus integrantes por no cumplir los requisitos para el desarrollo de sus funciones”.
Si no quería que la sociedad se interesara en el asunto mejor debió no haber dicho nada; el problema es que el escueto comunicado dejó más dudas que certezas. Y por supuesto que el reconocimiento del despido de la pareja es un indicativo de que sí hay algo detrás que en ningún momento quisieron informar desde la dependencia que protege a uno de los cárteles del narco que opera en la entidad.
Y ayer mismo, cuando se citó a conferencia de prensa con el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, el también vice fiscal de Procedimientos Penales de la Fiscalía de Colima censuró las preguntas de los medios de comunicación porque sabía que los reporteros cuestionarían acerca del cese del sub procurador de la Policía Investigadora.
¿Cuál fue el motivo de la citada conferencia? Informar de la detención de dos secuestradores que operaban en Colima pero que fueron aprehendidos en Querétaro. Así de irrelevante el tema.
Lo cierto, sin embargo, es que la mordaza no fue por haber dado a conocer un extraordinario golpe a la delincuencia organizada que requería todo el sigilo posible, sino para que no fueran cuestionados por el tema de sus ex funcionarios.
Algo más turbio hay detrás de todo esto que fueron capaces de no aceptar las preguntas de los medios de comunicación y creen que el silencio y el tiempo hará que todo se olvide.
¿Pero saben quién no se olvidará del asunto y seguirá alzando la voz? La familia de la señora secuestrada a inicios de este año y, por supuesto, nosotros, los medios que no nos dejamos intimidar por amenazas de personeros del gobierno del Estado y de la Fiscalía General del Estado de Colima.