POR Luis Fernando Moreno Mayoral
En cualquier otro lugar que se precie por respetar la ley y las instituciones, el exabrupto del mini fiscal Bryant Alejandro García Ramírez la madrugada del pasado domingo habría sido suficiente para que renunciara por dignidad o fuera separado de su cargo por la gobernadora del Estado.
Ni una ni otra cosa sucedió: el titular de la Fiscalía General del Estado de Colima ni tiene dignidad (no la conoce ni le interesa saber qué es) ni la mandataria Indira Vizcaíno le pidió su separación.
En Colima, como se puede apreciar, no pasa nada; cualquier funcionario puede empoderarse en contra de la prensa crítica y los ciudadanos y no hay consecuencias.
Lo más lamentable, sin embargo, es que ni siquiera los medios de comunicación, que tendrían que ser los primeros en levantar la voz ante los atropellos del poder a la libertad de expresión, tuvieron el valor de condenar los desafortunados comentarios dirigidos a la presidenta municipal de Manzanillo y a los directivos de PXPress.
Antes, por el contrario, uno retomó el cuento del hackeo al mini fiscal, dándole credibilidad a la justificación que dio a su regada en la madrugada del domingo 6 de agosto, horario habitual en el que García Ramírez suele estar con jovencitos tal y como acostumbraba su ex jefe muerto por una enfermedad que debería preocupar al círculo que solía organizar esas fiestas de excesos.
Lo bueno es que presumen sobrevivir con el 70% de ingresos privados y sólo 30% públicos. Que si no…
El mini fiscal ni siquiera ha tenido el valor de dar la cara para aclarar el asunto; tal vez todavía tiene los efectos de todo lo que se metió en la madrugada del domingo pasado.
Bryant Alejandro García Ramírez es cobarde y no tiene el valor de enfrentarse a nadie en persona; es bien sabido su pésima condición física y lo débil que es en un mano a mano. Cualquiera le parte la cara.
Hoy, sin embargo, abusa del poder que tiene para amedrentar a quienes no puede en persona; para eso tiene personal con conocimiento en tortura, en ataques armados, en desapariciones forzadas y en crear un montaje para que un asesinato parezca accidente.
Pero, sobre todo, tiene los nexos con uno de los cárteles que domina y opera en Colima y que, de acuerdo a los cables confidenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional hackeados por Guacamayas, protegen desde la Fiscalía General del Estado de Colima.
Tan rara es esa relación que, según la versión de uno de sus ex integrantes, los líderes ordenaron el asesinato de la gobernadora Indira Vizcaíno por incumplir los compromisos asumidos durante la campaña electoral donde la ayudaron a ganar con apenas unos puntos de ventaja sobre su contrincante, no obstante que durante meses publicaron encuestas pagadas en donde ponían por las nubes a la ex empleada de José Ignacio Peralta.
El ex fiscal de Morelos, Uriel Carmona, está vinculado a proceso por retrasar la justicia en el caso de un feminicidio; si en Colima se midiera con la misma vara el mini fiscal Bryant Alejandro García Ramírez estaría preso y condenado a cadena perpetua por la incompetencia y negligencia con que ha manejado la mayoría de los casos en la Fiscalía de Colima.
En Morelos, el caso de la muerte de una mujer, que es lamentable por donde quiera que se le vea, fue suficiente para que el enemigo del mandatario Cuauhtémoc Blanco enfrente todo el peso de la ley.
En Colima, sin embargo, dos atentados en tres años en contra de Griselda Martínez Martínez no sólo no ha sido resuelto sino que desde el poder se han encargado de proteger a los autores materiales e intelectuales del intento de asesinato de una presidenta municipal de Manzanillo.
¿Y dónde está el mini fiscal ante esto?
Tomando, fumando, jugando como si fuera un adolescente y, sobre todo, siguiendo las prácticas de su ex jefe y que replican sus funcionarios de comunicación social.