El pueblo pone y el pueblo quita, ¿verdad, Indira?

POR Luis Fernando Moreno Mayoral

El miércoles de esta semana, cuando estaba en lista la acción de inconstitucionalidad 130/2022 interpuesta por los diputados del PRI y el PAN de esta 60 Legislatura, algunos medios aliados del sistema intentaron confundir a los colimenses asegurando que los ministros de la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habían desechado la posibilidad de que Indira Vizcaíno se sometiera a la revocación de mandato durante su administración.

Y eso no fue así. Lo que sucedió, ciertamente, fue que los ministros de la Sala Segunda de la SCJN debatieron sobre varios asuntos que estaban en la lista, pero el concerniente a Colima no se alcanzó a abordar; tampoco se informó si en la próxima sesión se haría.

La acción de inconstitucionalidad 130/2022 demanda la invalidez del decreto 126 por el que se expide la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Colima; el argumento principal es que los diputados del Congreso del Estado, que obedecen a pie juntillas las instrucciones de Palacio de Gobierno, aprobaron las leyes secundarias en donde, si bien se reconoce esta figura legal, su aplicación se manda hasta después del 2027, cuando la actual mandataria salga de su encargo.

El objetivo de los serviles diputados de Movimiento de Regeneración Nacional, junto con sus lazarillos (Priscila García dixit), es proteger a su jefa Indira Vizcaíno para que no se someta a la implacable voluntad del pueblo que, si tuviera a su alcance esa herramienta ciudadana, podría sacar del gobierno del Estado a la gobernadora en el 2025.

La confusión que hicieron los medios afines a la administración estatal, en el sentido de afirmar que se había desechado la acción de inconstitucionalidad, fue para desincentivar a la sociedad colimense de utilizar la revocación de mandato porque, de acuerdo a lo resuelto por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se iba a poder aplicar en este sexenio.

La realidad, sin embargo, es diferente: pese a que el proyecto cayó en manos de Loretta Ortiz, una de los tres ministros que aprueban todas las acciones ilegales del presidente de la República, aún existe la posibilidad de que la mayoría admita la controversia de los diputados del PRI y el PAN y la gente de Colima pueda remover o, en su caso, mantener al frente del gobierno del Estado a Indira Vizcaíno.

Y es una posibilidad porque, si bien en la Sala Segunda están las ministras Loretta Ortiz y la plagiaria Yasmín Esquivel, también están Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; aquí las ministras del presidente López Obrador son minoría.

Una cosa es cierta: mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva sobre la acción de inconstitucionalidad 130/2022, la revocación de mandato sigue como lo quiere Indira Vizcaíno y lo aprobaron sus empleados en el Congreso del Estado: sin la posibilidad de que la gente pueda decidir, con su voto, si quiere que se vaya o se quede la gobernadora en el 2025.

Esperemos que el asunto se toque en breve y que se dé certeza a la gente de Colima para que sepa de una vez si puede utilizar la herramienta ciudadana en esta administración o busca otros mecanismos para dinamitar el gobierno de Indira Vizcaíno.

La ola de violencia que todos los días deja muertos en las calles de Colima, los feminicidios, las desapariciones forzadas, las extorsiones a los pequeños y medianos empresarios por parte del crimen organizado, los despedazados que dejan en lotes baldíos, es, por mucho, suficiente para que la sociedad colimense valore seriamente si la gobernadora es apta para ejercer su cargo o mejor la corren para que se vaya con Claudia Sheinbaum a apoyarla como lo ha hecho desde que inició su fallido gobierno.

Y si tan bien estamos en Colima y todo es paz y felicidad, ¿por qué el miedo a someterse a la revocación de mandato, Indira?