POR Bibiano Moreno Montes de Oca
No es ilegal ni inmoral que los medios de comunicación sostengan una relación comercial con el Gobierno del Estado, sobre cuyo eje giran mayoritariamente los medios de comunicación que existen en Colima; en especial, los digitales, que ya desbancaron desde hace rato a los impresos. Los periódicos tradicionales que aún sobreviven, por cierto, lo hacen posible precisamente porque tienen presencia en las redes sociales; si no, ni siquiera tendríamos que estarnos ocupando de ellos: su circulación es ínfima y ya no causa el mismo impacto de, digamos, de unos 10 años para atrás.
Los propietarios de esos medios impresos, como son El Noticiero, Diario de Colima y El Mundo desde Colima (sobre todo de los dos primeros), fingen que viven en los buenos tiempos de la prensa impresa (que tuvo su mayor esplendor en la década de los 70 del siglo pasado, cuando el Washington Post fue el artífice de la caída del presidente Richard M. Nixon), pero está claro que eso ni ellos se lo creen. Como quiera que sea, hoy esos directivos (de los dos diarios mencionados) no pasan de ser pájaros nalgones que no espantan a nadie. Y es que otros, al ver el declive de los medios impresos, dejaron el campo libre a los medios digitales.
Decía, pues, que no es ilegal ni inmoral que haya una sana relación comercial de los nuevos medios de comunicación social, incluidos los impresos que subsisten aún, pues eso es una práctica común que viene por lo menos desde hace más de medio siglo. El problema, sin embargo, es que en el acuerdo comercial que era establecido por el Gobierno del Estado con los directores de los periódicos impresos en la era del priismo, iba implícito el acuerdo político: te pago para que no me pegues; si me pegas, se acaba el acuerdo comercial. No había un convenio que estableciera eso, pero era obvio que así funcionaban las cosas.
Así, ante la velada amenaza de perder un generoso ingreso –según el sapo era la pedrada—, los directores de los periódicos estaban ante la disyuntiva: atacar al gobierno o quedarse sin una importante fuente de ingresos. Por supuesto, siempre prevalecía el criterio del “más vale pájaro en mano que cientos volando”. O sea: se iba a la segura, si bien de vez en cuando algunos se hacían los disidentes, lo que al final sólo servía para que aumentara la cuota que la administración estatal en turno tenía fijada para ese director. Claro, esos acuerdos eran en las alturas, pues a los simples reporteros no les llegaba nada de esos beneficios logrados.
Despierta suspicacias, por decir lo menos, que el dizque gobierno diferente de la cuatrotera Indira Vizcaíno Silva no sólo haya mantenido esa práctica de tiempos del priismo, sino que hasta la haya perfeccionado, estableciendo una suerte de tabulador para la entrega de premios, estímulos y recompensas entre los medios digitales –e impresos— a los que se les paga por sus servicios según se hayan portado en el año. Así, pues, unos tienen convenios millonarios (con pagos por más de un millón anual), mientras que otros reciben modestos 10 mil pesitos al mes por cubrir actividades del indirato. En efecto: es la misma práctica del priismo, pero con evidentes contrastes entre unos y otros.
Más adelante se dará a conocer lo que reciben medios digitales –durante 2022— de buena circulación, pero que sólo son informativos, pues no se distinguen por tener análisis de fondo ni tienen colaboradores a la altura de las circunstancias. Creo que ahí está el fondo de la situación: no hay articulistas ni columnistas con credibilidad para no importunar a la Gobernadora Altozano, que no quiere que se toquen temas delicados: la violencia desenfrenada que ha generado cerca de los 850 muertos en lo que va del año, así como las relaciones peligrosas de algunos integrantes del chiquigabinete de vacilada del indirato.
Lo que sí podemos señalar es que, de acuerdo con la investigación especial que dio a conocer la imperdible página PXPress, no podía faltar entre los medios a los que se favorece en el actual gobierno con convenios comerciales la revista de la farándula llamada Dos8, cuyo propietario es Porfirio Aguilar Valencia, que en el año por concluir se llevó prácticamente medio millón de pesos, un acuerdo que se tomó cuando el vocero del indirato era Alejandro Carvajal Berber, que a los 15 días fue degradado y enviado al Congreso local con similar puesto. De manera, pues, que cuando llegó a ocupar ese cargo el también asesor Miguel Ángel Vargas Cow, éste se encontró ante hechos consumados.
La revista Dos8 es un proyecto que, en su oportunidad, respaldó José Manuel Romero Coello, a la sazón titular de la entonces Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado, la cual se especializó en temas de la farándula local, no en la política. No obstante, su propietario ha mantenido una buena relación con los gobiernos que han pasado por el Complejo Administrativo desde entonces, incluido el de la Indira Vizcaíno, que no podría perder la oportunidad de seguir explotando un medio que se especializa en lo que a ella más le importa por sobre todas las cosas: la farándula, los viajes, las compras y demás yerbas.
En descargo de la citada revista Dos8, diré que las ganancias que obtiene su dueño no son todas para él, sino que una parte se va en el pago de la compra de papel –que es de muy buena calidad— y en la impresión de la misma, sin contar los compromisos con sus empleados y los impuestos. En cambio, en el caso de varios medios digitales de amplia cobertura, pero que no tienen el impacto de análisis en columnas y artículos de fondo (con contratos por más del millón anual), no tienen que hacer el gasto ni de papel ni de impresión, por lo que la lana se va directo a los bolsillos de los felices propietarios, quedando algo para sus pocos empleados que tienen en nómina.