POR Bibiano Moreno Montes de Oca
En el cierre de fin de semana merecen la atención dos temas interesantes en esta columna de culto: el montaje armado para lucimiento de la Gobernadora Altozano, así como el del presupuesto aprobado para el despilfarro del indirato durante el próximo año, que se ilustra con varios ejemplos muy sabrosos. Corre video.
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El Gobierno de Indira Vizcaíno Silva tiene toda la razón cuando aclara que el Elías Zamora Verduzco que cobra como asesor de la Secretaría General de Gobierno, a cargo de la Lupita Solís Ramírez, es un homónimo del que fue gobernador del estado de Colima durante el periodo 1985-1991. Lo que no se aclara es que utilizó esa confusión periodística para lucirse ante la opinión pública, al tratar de aparentar estar bien enterada y que, por tanto, conoce al dedillo cuanto ocurre en su administración; tanto así, que por eso ella está presta para aclarar cualquier malentendido que haya sobre su gobierno.
En teoría, lo anterior sería lo ideal; sin embargo, lo cierto es que la Gobernadora Altozano nunca aclara nada, apostándole a una especie de Alzheimer colectivo de los colimenses, poniendo en práctica la omertá, el código del silencio de la mafia siciliana, consistente en no decir nada de lo que ellos consideran no le atañe a nadie más. En este sentido, a la Indi ya sólo le falta decirle a los colimenses sobre los temas que se abordan públicamente y que a ella no le interesa aclarar o le disgusta que se manejen mediáticamente: “Esto es cosa nostra”. Obvio: así es como se maneja la Cosa Nostra, la mafia que opera en Sicilia.
Mafiosos al fin de cuentas, los cuatroteros que se encuentran en el indirato no consideran mayores de edad a los colimenses, por lo que los temas delicados los cubren con un piadoso manto de olvido, esperando que a los demás también se les borren de la mente temas como el del acoso sexual tolerado por Javier Pinto Torres, subsecretario del Trabajo del Gobierno del Estado; la calificación de “no confiable” dada por la Sedena al mini fiscal de Colima, Bryant Alejandro García; el silencio sobre la incorporación de asesores en la administración de Indira como pago de favores políticos, o lo de los contratos millonarios con empresas de fuera de nuestra entidad.
¿Por qué sí contestó esta vez, inmediatamente, a una pregunta sobre el tema del homónimo de Elías Zamora? Porque fue una pregunta sembrada para que se luciera en su sketch cómico-mágico-musical semanal como bien enterada, pues en el fondo ya se esperaba que se diera a conocer la noticia del ex gobernador cobrando como asesor. Esa información ya la conocíamos en PXPress, pero no la difundimos porque no estaba confirmado que se trataba del ex munícipe porteño, pues también nos hubiéramos puesto en evidencia al recibir un desmentido por algo no comprobado minuciosamente.
La verdad es que dudábamos que un asesor de la talla de Elías Zamora recibiera un sueldo de unos 20 mil pesos mensuales. Por mucha que fuera su necesidad, lo que se duda, el ex gobernador no hubiera aceptado un salario tan modesto. A los reporteros de los periódicos Avanzada y Diario de Colima, empero, no les interesó corroborar que se trataba del ex gobernador, sino lo que una nota tan importante significaba: un golpe mediático explosivo. Al final de cuentas, los medios fueron desmentidos porque, en efecto, solo se trata de un homónimo que ni siquiera tiene algún parentesco con el originario del municipio de Cuauhtémoc.
Sabedora de que el Elías Zamora asesor no era el ex gobernador, con una rapidez digna de mejor causa Indira Vizcaíno aprovechó para dejar en ridículo a los dos medios que publicaron la falsedad. La pregunta obligada es, por tanto: ¿por qué no ha desmentido lo que se ha publicado en la página PXPress, como el de la incorporación de asesores como pago de cuotas políticas y el de tener contratos millonarios con empresas foráneas? Muy simple: porque lo que se ha publicado aquí sí es la verdad y no existe manera de desmentir lo que es tan real como que al día le sigue la noche.
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La sumisión de la LX Legislatura local, con mayoría de Morena y sus cómplices del PVEM, del PT y del Panal, ya es proverbial a un año de tener el control del Poder Legislativo en Colima. Salvo las voces de los tribunos Crispín Guerra Cárdenas y Héctor el Traxcavo Magaña Lara, todo se vuelve la abyección más absoluta hacia el Ejecutivo, representado por la Gobernadora Altozano, ante el que están permanentemente de rodillas los morenacos, los verde ecologistas, los petistas y los panalistas.
La aprobación del presupuesto del 2023 fue el colmo de la lacayunez, hecho a la medida, como de sastrería, justo como lo quería Indira Vizcaíno Silva. Así, para la Oficina de la Gobernadora, en la que se encuentra el oscuro Eduardo Jurado Escamilla, se autorizaron 9 millones de pesos mensuales (108 en todo el año), de donde se dobló lo correspondiente a los viajes (que ahora serán más frecuentes) de la mala mujer, aunque para ello se tuvo que sacrificar una cantidad mensual de 2 millones 800 mil pesos que serían destinados para el importante sector salud.
El diputado Crispín Guerra destacó que, además de la onerosa cantidad destinada a la gobernadora de Colima, había una partida generosa para alimentar animales, por lo que se creía que era para las mascotas como las que presume la mediocre y limitada Rosa María Bayardo Cabrera; pero al final se aclaró que es para los perros que utiliza la policía preventiva estatal. De cualquier manera, a unos les tocará más presupuesto que a otros, pero eso sí: a las guarderías infantiles no se destinará un centavo en 2023, igual que sucedió en el actual 2022, a pesar de la manifestación de las educadoras en el Congreso local.
Y, claro, no podía faltar la suma de 116 millones de pesos anuales para la renta de vehículos, negocio cerrado todavía durante la administración anterior con un empresario priista del Estado de México, pero al que le dio su visto bueno Indira Vizcaíno, a fin de que se siguiera de frente en el indirato. Así, cuando la titular del Ejecutivo dice que este año se ahorraron 500 millones de pesos en el combate a la corrupción, tendría que descartar los millones que se han destinado a la renta de patrullas que operan en la mayor parte del estado, pues evidentemente se trata de un claro caso de corrupción a ojos vista.