POR PXPress
PARA JUSTIFICAR LA INACCIÓN DE SU GOBIERNO, Indira Vizcaíno dijo que había heredado una administración quebrada y con deudas que ascendían a miles de millones de pesos. Y si bien el impago de la última parte del sexenio de Ignacio Peralta fue la peor crisis que pasó Colima en toda su historia, nada ha hecho el gobierno del Estado para sancionar y obligar a devolver lo robado a todos los que acusaron de desvío de recursos. Lo que se ha visto, sin embargo, es protección tanto al ex gobernador de Colima como al ex alcalde Leoncio Morán Sánchez de parte de los diputados oficialistas del Congreso del Estado; aunque también una persecución en contra del diputado Héctor Magaña, a quien se le notificó hasta en dos ocasiones en lugares públicos, sin tener un señalamiento tan grave como Peralta y Morán, acusados de desfalco a las arcas del Estado y del Municipio de Colima, respectivamente. NO hay dinero, es lo que repite en todo momento la gobernadora de Colima para justificar que no haya medicinas, obras importantes y la imposibilidad de aumentar en un 8% el salario a los trabajadores del gobierno del Estado. Pero la narrativa oficial queda al desnudo al hacer pagos por millones de pesos a empresas de publicidad de Nuevo León y Guanajuato —junto con la manzanillense— que ascienden a más de 12 millones de pesos sólo en la mitad de este 2022. De acuerdo a la investigación periodística de PXPrees, a las empresas If Solutions, S.A de C.V y a Publicenter el gobierno del Estado, con la firma de Miguel Ángel Vargas Vaca, se les otorgó los contratos CGCS-PM/081/3ro/2022 y CGCS-PF/041/2ro/2022 por el monto de $2´320,000.00 (dos millones trescientos veinte mil pesos 00/100 m.n.) y $2´935,200.00 (dos millones novecientos treinta y cinco mil doscientos pesos 00/100 m.n.), respectivamente, sumando entre las dos $5 millones 255 mil pesos. A la empresa Servicios de Anuncios Publicitarios S.A de C.V, de León, Guanajuato, se le dio el contrato CGCS-PM/040/2ro/2022 por un monto que supera a las dos anteriores juntas: 7 millones de pesos. Si sumamos lo que el gobierno de Indira Vizcaíno les dio solo a esas tres empresas, el monto erogado por el gobierno del Estado asciende a 12 millones 255 mil pesos. ¿Y para qué contrataron los servicios de esas empresas? Sencillo: para promover en plataformas digitales, en espectaculares y en medallones de camiones urbanos y suburbanos las “obras y acciones” de la administración estatal en este primer año de gobierno. Indira Vizcaíno dijo que se ahorraron 500 millones de pesos en reducir el gasto y en ser austeros; sin embargo, sólo en el periodo del 15 de julio al 31 de julio del 2022 se hizo una pauta de anuncios publicitarios para las campañas “Operación Salud” y “ColiBecas computadoras” en Facebook, Instagram, YouTube y Google Display, con un valor de 68 mil 874 pesos. Y para el manejo, administración, diseño y estrategia de pauta ejecutada en el mismo periodo de 15 días se pagó 27 mil 374 pesos, dando un total de $105 mil 849 pesos en una sola exhibición. ¿Cuál austeridad? ¿Cuál ahorro? Se está dilapidando el dinero de los colimenses en promover un programa que se supone se logró con el ahorro de recursos por la reducción de gastos en el gobierno. ¿Para qué reducir gastos en un área si al final se va a utilizar en lo más banal y frívolo como es la publicidad? Es un contrasentido del gobierno del Estado actuar de esta manera, en especial porque hay rubros que requieren la atención inmediata, como el pago a IPECOL y los bonos y demás conquistas que se le deben a los trabajadores sindicalizados del gobierno del Estado. A Ignacio Peralta se le cuestionó que, en lugar de pagar a los trabajadores de su administración, lo hiciera con la banca para solventar los créditos a corto plazo; aun cuando el ex mandatario decía que pagar los créditos quirografarios era una obligación legal, también lo era depositar la nómina, algo que prefirió no hacer. Indira Vizcaíno está en la misma situación: el presupuesto de la Coordinación General de Comunicación Social, en el rubro Gastos de difusión e información, contempla ese dinero para contratar empresas, pero puede renunciar a utilizarlo para tal fin y redireccionarlo a lo que en realidad importa. La voluntad es lo que no tiene la gobernadora para hacer el movimiento; tal vez dirá que así se presupuestó en el 2021 y tendrá razón, pero dejará entrever que prefiere gastar en imagen y en la difusión de información ese recurso que en cumplirle a la clase trabajadora que sacó adelante al gobierno del Estado en el momento más crítico del impago. El registro de lo que el gobierno de Indira Vizcaíno gasta, de la mano de Miguel Ángel Vargas Vaca, es para desmentirla cada que diga que no hay dinero ni los recursos suficientes para cumplir sus compromisos. Esto es para que al menos quede ante la opinión pública como una gobernante que NO desea pagar lo que debe, pero sí invertir en su imagen y en publicidad de “obras y acciones” que no se ven por ninguna parte. 12 millones 255 mil pesos pagaron sólo en tres empresas de publicidad. ¡Qué vergüenza!
EN LA ADMINISTRACIÓN DE Indira Vizcaíno Silva todo se les ha ido en meter gente que sea incondicional para que no haga nada, pues esa es la premisa del indirato y su chiquigabinete de vacilada: cubrir huecos y dejar que el mundo ruede. Así, como parte de la cuota por compromisos contraídos previamente con el asesor Rafael Briceño Alcaraz, la Gobernadora Altozano incorporó igualmente –es parte del paquete o, si se prefiere, de la cajita feliz— al junior, de igual nombre, que ahora cobra también en el denominado Consejo de Participación Social del Estado de Colima, donde el angelito no hace absolutamente nada, pero sí se embolsa una buena lana a la salud de nuestros impuestos. Por otra parte, en el área de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, a cargo de la oscura Fabiola Verduzco Aparicio, se mantuvo en el cargo una empleada de confianza heredada por la administración estatal anterior de nombre Alondra Soto. De hecho, la mujer es herencia de Kristian Meiners Tovar, a la sazón secretario de Administración con el anterior gobernador priista, donde recibe la nada despreciable suma de 44 mil pesos mensuales. La suma nos parece un tanto desproporcionada, en virtud de que el asesor Rafael Briceño obtiene 50 mil al mes, aunque no creemos que la responsabilidad de Alondra Soto sea tan trascendente como la del ex regidor capitalino, que recibe sólo una diferencia de 6 mil más por su “ardua” tarea de asesoramiento. ¿Cuál será el compromiso con la que es gente de Nachito Peralta, que en ninguno de los otros puestos en los que ha estado, por cierto, ha dado algún resultado? Bueno, ahí queda para el registro.
MÁS TEMPRANO QUE TARDE, un nuevo escándalo de fraude estallará en Colima, un poco parecido al de la empresa Axe Capital, pero con menos dinero en juego y con un número menor de participantes. El principal promotor del negocio sólo invitó a sus amigos y conocidos, por lo que el número de los que le entraron al juego fue mucho más reducido que el del sobrino de Gustavo Joya Cervera, lo que no evita que también se hayan sentido traicionados en su confianza por el fraude del que fueron objeto por el dinero que invirtieron en esa arriesgada aventura en la que andan bailando unos 40 millones de pesos. Al igual que en Axe Capital, en esta fraudulenta empresa se pedían importantes sumas para entregar un 10 por ciento de interés mensual, transacción que difícilmente se puede sostener por mucho tiempo, pues tarde o temprano truena un negocio que finca todas sus esperanzas en la especulación y en la ambición de la gente que espera hacerse de un buen capital de forma fácil y lo más rápido posible. Aunque entre los defraudados hay gente que no pretende hacer mucho ruido contra el promotor principal (esperan recuperar algo, pues ya tienen la promesa del timador), no faltan los que no tardan en hacer pública su inconformidad y, sobre todo, hacer las correspondientes denuncias en su contra ante las instancias correspondientes. Será, pues, más chamba para la Fiscalía General de Justicia que está a cargo del inútil de Bryant Alejandro García Ramírez.